04.06.2013 23:36

Obrajes, leyes del trabajo y prácticas políticas.

Las luchas por la construcción del Estado en el proto-peronismo.

Santiago del Estero. (1943-1945)

Ana Teresa Martinez (UCSE)[1]

 “Es necesario, señor Ministro, conocer la idiosincracia de la gente santiagueña, especialmente de esa que vive internada en los montes, para comprender cuán hondo es el significado de esa frase, ‘la política’, en la cual condensa todas sus penas, los sinsabores y las injusticias de que es víctima”

Amalio Olmos Castro al Ministro Depetris, septiembre de 1943.

La década de 1940 vio emerger y desarrollarse en Argentina el movimiento político peronista, que –convertido en Partido- marca su historia hasta hoy. Como en muchos otros temas de la historia argentina, se ha producido una importante bibliografía al respecto –de desigual calidad, frecuentemente marcada por mitos y posturas partidarias- pero se conoce muy poco sobre las particularidades del fenómeno en el interior del país. Trabajos de la presente década han abordado la discusión (Macor y Tcach 2003) que se viene intensificando en los últimos años por parte de grupos de historiadores de las universidades del interior. En este caso, intentamos aportar a este debate desde la exploración de los primeros años del peronismo en el territorio que articula la ciudad más antigua de la Argentina, extremo sud-este del NOA (Nor-Oeste Argentino) y primera capital del Tucumán, coincidente desde mediados del siglo XX con toda la región en su persistente identidad política mayoritariamente peronista.

Ya desde la aparición de las primeras leyes laborales con el radicalismo y desde los primeros proyectos industrialistas de mediados de la década del 30, en pugna, a nivel nacional, con el liberalismo de la Sociedad Rural Argentina -cuyos intereses estaban centrados fundamentalmente en la pampa húmeda- y los grupos económicos y sociales tradicionales, una de las cosas que estaba en juego en todo el país era la manera de concebir el rol del Estado y la posibilidad de constituir un campo burocrático estatal que permitiera poner límites a los intereses particulares de grupos económicos internacionales y locales, consolidando en ese proceso a la vez, un campo político relativamente autónomo, regido por reglas propias y por un capital de reconocimiento social y de relaciones, especificable como capital político[2]. El proceso de inclusión y complejización de la sociedad nacional y local a partir de comienzos del siglo XX, se corresponde con estas tendencias (Martinez, Taboada, Auat 2002). El doble juego del primer peronismo, que intentaba fortalecer una estructura estatal que controlara la economía y a la vez cooptar-seducir al movimiento obrero para apoyarse en él, tiene una compleja expresión local en los conflictos con los obrajeros por la aplicación de leyes laborales y en la también conflictiva constitución del Partido Laborista[3]. En ambos temas se vinculan intereses de los grupos económicos dominantes en la provincia, especialmente los relacionados con los obrajes y con el comercio local, a intereses políticos de viejos caudillos, que serán finalmente favorecidos por la necesidad del oficialismo nacional de ganar las elecciones de 1946, priorizando las estrategias electorales por sobre los principios proclamados por la revolución de junio de 1943. Así, el primer peronismo santiagueño estará constituido por desgajamientos del Partido Radical (en su versión no-irigoyenista, es decir, la más conservadora), y por algunos grupos católicos y nacionalistas que reivindican el federalismo y a la vez temen una revolución social de carácter a-religioso, pero que serán desplazados progresivamente a favor de viejos caudillos de cuño conservador inmediatamente ligados a grandes intereses económicos. El primer gobernador peronista será un candidato de conveniencia, militar del GOU[4] (Rouquié 1978), ausente de la provincia desde la infancia, impuesto desde Buenos Aires para zanjar las rencillas interminables, dar espacio a un “hombre de junio” y asegurar a la vez la participación de los viejos caudillos locales proveedores de votos. En este artículo nos ocuparemos de un episodio que nos parece paradigmático a la hora de comprender estas luchas entre el insipiente campo burocrático y el poder económico, que terminarán consolidando una división del trabajo de dominación que se corresponde con prácticas políticas prebendarias y clientelares, en las que el Estado como campo burocrático, desaparece en tanto campo –es decir, como espacio de luchas con autonomía relativa-, mientras curiosamente es sobredimesionado, pero como espacio monopolizado de política partidaria y de obtención de negocios rentables para los grupos económicos.

 

Campo económico y campo burocrático

Consideramos el campo económico como una dimensión del espacio social en que las fuerzas en pugna se instituyen a partir de la acumulación y manipulación de capital económico. Este espacio tiene sus propios actores y sus propias reglas relativamente autónomas, pero no funciona jamás en el vacío. Es más, si es característico del capitalismo –como ya lo viera claramente Weber- el proceso de autonomización relativa de esta dimensión del espacio social (encarnado en la máxima “negocios son negocios”), el  desgajamiento respecto de las lógicas sociales y culturales es siempre relativo, y su acentuación exclusiva se encaminaría hacia la pérdida de cohesión y la autodestrucción de la sociedad (Bourdieu 2000). Nos interesa en este primer momento identificar actores y lógicas económicas en la época, tratando de poner las bases para establecer los juegos de fuerzas entre el campo económico, el Estado –como espacio relativamente autónomo en que el cuerpo burocrático opera idealmente[5] en nombre del interés general- y el campo político como otra dimensión del espacio social que tiende a constituirse en relativamente autónomo a partir de la lucha de sus agentes por alcanzar predominio como operadores de un proyecto social y económico. El juego entre autonomía relativa y dependencia mutua entre campo político y económico nos dará o no las condiciones de posibilidad de una sociedad democrática al modo como el discurso social de la democracia liberal Argentina intentó fundar la nación: un Estado, un mercado, un juego de partidos que representarían intereses y propondrían proyectos de país. Sobre las hipótesis implícitas en este modelo de análisis veremos recortarse las particularidades de una sociedad como la Santiagueña que precisamente desmiente reiteradamente en muchas de sus prácticas el proyecto proclamado,

Al preocuparnos por ponderar la autonomía relativa del campo burocrático respecto del político y del económico, estamos sosteniendo como hipótesis que de este punto dependía “la existencia de un margen para la aparición de los intereses comunes de la sociedad”. Esta hipótesis heurística supone como horizonte los procesos de construcción del Estado descriptos por Elias para el caso francés (Elias 1975) y la teoría bourdiana del habitus: el “interés en el desinterés” es posible como especificación de la libido social en ciertos campos que, como el campo burocrático, se supone que premian con la acumulación de capital simbólico. La complejización de la división del trabajo social (o la especialización de funciones, como la llama Elias) está en la base de la constitución de los “monopolios” (del cobro de impuestos, de la violencia física legítima, de la violencia simbólica legítima) que dieron lugar en occidente a los Estados modernos, que con Bourdieu podemos definir como: “un “x” (a determinar) que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física y simbólica sobre un territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente” (Bourdieu 1994:107). Es la configuración de esta “x” lo que importa despejar en cada caso histórico concreto. Pero lo que hay que mantener en la mira es que la idea de “lo público”, entendido como lo que pertenece al conjunto de la sociedad del caso, supone un discurso que se apoya en la existencia de reglas de ingreso y promoción en la carrera de “servicio público”, destinadas a “atrapar” a los agentes burocráticos haciendo que su interés esté orientado a coincidir con el interés común de los ciudadanos y de la sociedad. Esta predominancia de reglas y de agentes acordados que las cumplan y las hagan cumplir abre el “resquicio” de autonomía relativa de la administración, que parece ser una pieza fundamental para el juego de los sistemas democráticos, donde aparezcan negociándose con más o menos éxito y claridad los intereses y necesidades de la mayoría de los ciudadanos y grupos sociales. En situaciones históricas en que la configuración de “x” se confunde demasiado con la de una agrupación política, con la voluntad de un monarca, de una familia, o de un grupo que lograra imponerse en el espacio económico, las chances de constituirse en espacio de negociación de intereses diversos se reducen proporcionalmente[6]. Descubrir en qué medida, por qué y cómo se produjeron estos procesos en el Estado provincial nos parece un analizador importante para contextuar la cultura política local.

Este modo de entender el espacio social es el que nos hará detenernos en la figura de Amalio Olmos Castro, personaje apenas conocido incluso en Santiago del Estero, que actuó precisamente en un momento en que en el país, como nos muestra Sidicaro (Sidicaro 2002), se discutía de manera práctica y teórica qué rol debía tener el Estado frente a los detentadores del poder económico, y donde, en continuidad con  algunos intentos del radicalismo de línea Yrigoyenista (como el Sabattinismo en Córdoba y, creemos, el Maradonismo en Santiago), -mientras se afirmaba también un campo propiamente político- se intentaba, con más o menos conciencia de lo que implicaba, abrir este espacio de autonomía relativa para producir cierta redistribución de la riqueza y para poner las bases para el despliegue de la industria nacional. Este último punto parece haber sido clave para la revolución de 1943 (Rouquie, 1978) y de hecho en Santiago del Estero se manifiesta (según encontramos también reiterados indicios en diversas medidas organizativas y normalizadoras del aparato burocrático, publicadas en el Boletín Oficial) en un esfuerzo de consolidación del Estado Provincial. No es la mayor o menor simpatía que nos pueda suscitar el personaje ni su causa lo que interesa, sino su discurso de funcionario y el juego de fuerzas que se entabla precisamente en ese momento entre el poder económico predominante y sus aliados por un lado, el Estado provincial en conformación por otro, y los agentes del campo político que aparecerán en el horizonte en las elecciones que comienzan a prepararse un año después. Sin embargo, la batalla que describiremos contra el principal factor de poder económico en la provincia no la ganará este impulso de construcción “burocrática”, sino que el desenlace se producirá en su contra, y en buena medida desde fuera de la provincia: cambio de interventores obedeciendo presumiblemente a las crisis del gobierno central, desplazamiento del director del Departamento del Trabajo, fallo en contra de la justicia local por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Los obrajes en los años 40.

La estructura socieconómica de Santiago del Estero a comienzos de la década del ’40 sigue siendo predominantemente rural. La única actividad productiva que pudiera asemejarse a una industria (de hecho, localmente era y es presentada como tal[7]) era la extracción de madera a fuerza de hacha en los obrajes, ya no para producir durmientes o tanino, sino centrados en la producción de carbón, leña y tirantes o postes. Esta actividad había representado el 30% de los ingresos provinciales en carácter de impuestos durante el período 1915-28, descendiendo en importancia y productividad en la medida que se producía la disminución de la construcción de vías férreas, pero sin dejar de ser la más importante de la provincia. De hecho, el censo industrial de 1942 (dos años después de la promulgación de una ley de Fomento industrial y en pleno esfuerzo por implantar el cultivo e industrialización del algodón) no arroja diferencias sensibles respecto de la estructura industrial de 1935[8], sino apenas en el aumento de pequeñas empresas más cercanas a la artesanía que a la industria propiamente dicha y que producían para el consumo local (como fabricación de pan, fideos o sastrería). De hecho, los impuestos por explotación de bosques siguen significando el 23% de los ingresos provinciales en 1940 (Tenti de Laitan 1993) y seguirán aumentando sensiblemente en los años siguientes a causa de la sustitución de la hulla inglesa por leña y carbón como combustibles durante la segunda guerra. Para apreciar el significado de variaciones de esta magnitud en relación a los ingresos provinciales, hay que tener en cuenta que en 1934 se había sancionado la primera ley de “coparticipación federal”, la ley 12.139, que estuvo vigente hasta 1955, y modificó la estructura de los ingresos provinciales. Este rubro es, de hecho, el más importante, y el único que supera los ingresos por  explotación de bosques en 1940, e irá aumentando en importancia a lo largo de la década del cincuenta. Por esta causa, un indicador más claro de relevancia para este momento es el que proveen los montos de producción. Si en 1940 se extrajeron de los bosques santiagueños 572.019 toneladas de leña y 230.276 de carbón, en 1942 la extracción ascendía a 1.689.145 y 299.792 toneladas respectivamente, es decir que la producción de leña se había triplicado. El producto total de los obrajes despachado por los ferrocarriles (sin contar un treinta por ciento suplementario que aguardaba vagones para poder salir) sumaba ese año 53.754.034 de pesos, en una provincia cuyo Estado contaba con ingresos totales –comprendida la ley 12.139- de 9.668.000$, monto del cual un 20% provenía de impuestos directos a la explotación de bosques, al que debería sumarse las cifras por arriendo de parcelas fiscales, una parte de los impuestos atrasados, etc. En el mismo año, el impuesto percibido por “frutos del país” más el correspondiente a venta de ganado (las otras dos actividades de producción primaria de la provincia) significaban el 3,7 de los ingresos[9]. En los años siguientes, la importancia de los obrajes descenderá en las cuentas públicas, sin embargo, no en el imaginario ni –creemos- en la construcción de prácticas políticas locales, al punto que en 1953, al celebrarse el cuarto centenario de la fundación de la ciudad, Perón, de visita, contemplará un desfile de hacheros (denominados obreros forestales) como muestra de la riqueza de la provincia y como expresión del “mundo obrero” local.

Peso político de los obrajes.

Si se trata de ponderar el peso que los propietarios de obrajes pudieran tener sobre el campo político, no es su importancia económica lo único a considerar. Quizás más importante aún sea medir lo que significaban los obrajes como masa electoral. Los cálculos de Amalio Olmos Castro, director del Departamento del Trabajo entre 1935 y 1943, sobre la cantidad de obreros de los establecimientos forestales, oscilaban entre 100.000 y 130.000[10], en un momento en que la población total de la provincia era de 587.419 habitantes. Aún cuando la estimación de Olmos Castro fuera excesiva, si recordamos que el número de votos válidos en las elecciones de 1945 ascendió en total a 88.392 (29.897 por la Unión Democrática, 45.908 por el Partido Laborista y 12.587 por la UCR-Corvalán), salta a la vista la importancia decisiva que por entonces podía tener en los comicios el favor de los patrones obrajeros por uno u otro candidato[11]. Este será un tema central en las páginas que siguen.

A esta importancia económica y a su capacidad de gravitación política, habría que añadir el peso simbólico. Ya no estamos en los años en que el capital económico, político y simbólico aparecían indisolublemente unidos, adheridos a los apellidos prestigiosos de las familias “principales” (Martinez, Taboada, Auat 2003:48-58 y Martinez 2003:95-113). El espacio social se ha diversificado y los modos de concentración del poder suponen entonces negociaciones, redes sociales más complejas, estrategias de acumulación e incidencia, “contactos” en las asociaciones, los partidos políticos o en la burocracia del Estado. Como veremos, las fuentes de riqueza de la provincia ya no están necesariamente en manos de familias tradicionales, la pertenencia al “linaje santiagueño” ya no es un indicio de solvencia económica, y si, en cambio, se puede hablar de una “burguesía” en Santiago habrá que describir sus características y sus redes de dependencia.

Una estrategia –no necesariamente deliberada y planificada- que parece haber dado a los obrajeros un poder simbólico del que carecían por sí mismos frente a la sociedad local, fue el apoyo constante que el principal diario de Santiago otorgaba a la “industria forestal”, presentándola desde los años 20 como la principal actividad industrial de la provincia, desestimando en editoriales y artículos las voces de alarma que se levantaban contra la depredación de los bosques[12] y –como veremos- tomando partido abiertamente por ella durante los conflictos por la aplicación de las nuevas leyes laborales en 1942-3. Si la vinculación de Antonio Castiglione (uno de los propietarios del periódico) como abogado de los importantes obrajes de Compagno Hnos en aquellos conflictos, y de Jesús M. Suarez (periodista y subdirector de El Liberal[13]) como gerente de la Asociación de Productores de la Industria Forestal en 1943, pueden explicar por sí solas esta comunidad de intereses en los hechos puntuales que relataremos más adelante, no podemos por eso desestimar la influencia que, sobre la opinión de aquellos que leían diarios por entonces en la provincia –y su ámbito de influencia-, podía tener este apoyo permanente durante tantos años: como representantes de esta reciente burguesía provincial de negocios y “de toga” formada sobre todo por hijos de inmigrantes, los propietarios del diario “El Liberal” debieron estar convencidos de la importancia de esta “industria” para la provincia. Por otra parte, en Santiago ya hay por entonces algo así como una “opinión pública” donde, como en las sociedades modernas, se propone y repite una interpretación autorizada del mundo social, económico y político por vía de los medios de comunicación, en este caso, los periódicos y la radio. Este punto tendrá que ver con algunas de las estrategias que los obrajeros utilizaron en 1943 para tratar de evitar los efectos de la aplicación de las leyes laborales.

Dicho esto, importa localizar quiénes eran por entonces los propietarios de obrajes en la Provincia y por qué medios canalizaron su influencia política y social.

Alrededor de 1915 funcionaban ya en la provincia de Santiago del Estero unos 137 obrajes donde trabajaban alrededor de 15.000 obreros (Alen Lascano, 1972: 83). Sabemos que la explotación forestal llegó a su punto más importante en la década del 20, para decaer luego durante la crisis de 1930, llegando nuevamente en 1935 a funcionar en la provincia unos 160 obrajes, 72 aserraderos mecánicos y una población de 90.000 obreros que en ellos trabajaban[14]. Al comienzo de la industria obrajera predominaron algunas antiguas familias locales que combinaban la actividad con otras agrícola-ganaderas complementarias, -como era el caso en el obraje de los Montenegro (El Liberal 25 años) -, además de grandes firmas externas a la provincia en las épocas del apogeo forestal de los años 20 (Martinez, Taboada, Auat 2003:44 y Dargoltz 1991). Para los años 40  muchos obrajes parecen haber cambiado de manos y al mismo tiempo fragmentado la actividad en explotaciones de menor tamaño, aún cuando varias de ellas pudieran en muchos casos pertenecer a una misma empresa o a un mismo propietario. En 1943 Amalio Olmos Castro visitó el obraje “Ottavia” de Enrique Compagno en Alhuampa; el obraje Tabiana de Antonio J. Nuno y Hno., en Las Tinajas;  Santa María, jurisdicción de Pampa Muyoj, propiedad de la firma Merz hnos.; el del paraje San Martín, también jurisdicción de Las Tinajas, propiedad de Alberto Ledesma; el obraje de estación Weisburg, perteneciente a la firma Weisburg y Cía. Ltda. S.A.; el obraje del desvío La Paloma, de la firma Felipe Betbeder y Cía. (68.000 ha); el de Jose Lazzarone, que funcionaba en el lote 60 (18.000 ha); todos ellos ubicados en el Departamento de Moreno. Posteriormente, recorrió el de Bernardo Luderitz y Manuel Zamora, que arrendaban a la firma Felipe Betbeder y Cía; el de la S.A. Tres Mojones (134.000 ha) ; el de la Cía General de Comercio e Industria (57.000 ha); el de Pedro Diez (37.000 ha), el de Salín Isse (10.000 ha); el de Juan B. Pestoni (5.000 ha) (Anuario 1943), ubicados al Sud Este de la Provincia. También atendió numerosas denuncias de accidentes de trabajo contra varias empresas madereras, entre las cuales una fuerte disputa con Industrias Forestales S.A., o denuncias por pago con vales contra obrajes más modestos como el situado en Arbol Blanco, de Justo Suarez. Si comparamos esta enumeración con la lista que el mismo Olmos Castro publicó en 1946 sobre la distribución del suelo santiagueño, donde consignaba la nómina de 26 propietarios que poseían más de 20.000 ha en la provincia, vemos que los primeros cuatro obrajes visitados forman parte de esa nómina: Compagno, Nuno, Merz y Weisburg. En los demás obrajes que inspecciona en los meses siguientes, no deja de consignar cada vez la extensión de las tierras, que nunca bajan de 5.000 has. Las inspecciones que Olmos Castro personalmente efectuaba, no parecen realizarse sin embargo por su sola decisión, sino que se producían a partir de la existencia de denuncias[15], pero en todo caso se percibe siempre en las descripciones, la complejidad que ya había adquirido el sistema, en que los propietarios de la tierra no siempre explotaban el bosque por sí mismos, sino que arrendaban a veces a los obrajeros, quienes por su parte trabajaban habitualmente con contratistas que buscaban la mano de obra y trataban directamente con los obreros. Los grandes propietarios tenían varias parcelas de tierra, cubiertas o no de bosques, que oscilaban entre las 5.000 y las 60.000 ha. cada una, ubicadas con frecuencia en diversos departamentos (Olmos Castro 1946). A esta complejidad se suman los obrajes de no propietarios, que arrendaban tierras públicas para tal fin. Cuando Olmos Castro habla del número de obreros que trabajan en cada propiedad visitada, encontramos que éste es sumamente variable, desde los 903 obreros del obraje de Weisburg, podemos ir descendiendo a La Paloma 325, el establecimiento Ottavia con 185 obreros, Tabiana con 174 trabajadores, Santa María con 70, San Martin 54, hasta explotaciones como la de José Lazzarone donde trabajaban 23 obreros.

Existiendo esta diversidad y complejidad organizativa de las explotaciones (donde las responsabilidades no siempre estaban claramente definidas), los obrajeros buscaron, como es esperable, canalizar la defensa de sus intereses por medio de una entidad que los nucleara e hiciera presente sus planteos en el espacio público local. En este sentido importa localizar entonces no sólo los obrajes más importantes, cuanto la estrategia corporativa que adoptaban y los defensores locales de sus intereses, normalmente abogados, lo más cercanos posible al Poder Judicial, al Legislativo o eventualmente al Ejecutivo. Ya en la época del apogeo de la industria forestal, en 1923 existía la Asociación Centro Obrajeros de Santiago del Estero, presidida por Juvenal Pinto[16], que celebró un Congreso al que asistiera el entonces gobernador Cáceres. Al decaer la actividad en los años treinta, la asociación parece haber desaparecido, y el 8 de marzo de 1942 se formó la Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF) en Campo Gallo, que luego se trasladará a la capital provincial a partir de 1943, cuando el Estado comience a exigirles el cumplimiento de las leyes de trabajo y esto genere un conflicto del que nos ocuparemos.

Para analizar entonces los juegos de fuerzas entre el espacio político y el espacio económico, un actor central a tener en cuenta es la APIF, en tanto representante de los intereses económicos privados más importantes de la provincia en torno a 1940, agentes que, además, contaban con un comodín clave en un sistema político como el de Santiago por entonces: la posibilidad de influir sobre un número muy alto de votantes.

Si tenemos indicios reiterados del papel que el acceso al agua de riego (Tasso 2001:158) y el empleo en las obras públicas (Tasso 2001:155) jugaba como factor  de negociación política, el testimonio de Amalio Olmos Castro indica que durante los años previos a 1943 los obrajeros también aportaban votantes a sus candidatos preferidos. Luego de realizadas sus visitas personales a algunos de los obrajes más grandes del departamento Moreno, escribe al ministro de gobierno Depetris, con la esperanza de que la revolución del 43 pueda “alejar de los miles de obreros que van construyendo la grandeza de Santiago del Estero, la vieja y justificada creencia de que todo quedará como estaba porque los obrajeros, señores feudales hasta ahora, son necesarios, y más todavía, indispensables ‘para la política’ –según expresión popular- y que por este motivo harán siempre lo que mejor les parezca y convenga” e insiste “porque el obrajero es factor preponderante en las elecciones y no conviene ponerse a mal con él, porque, llegado el caso, cuando sus servicios electorales son reclamados, puede decir con orgullo: ‘Aquí estoy con mi gente’, la frase sacramental con la que pagan en determinadas épocas el velo que los gobernantes tienden sobre las innumerables infracciones a las leyes del trabajo. Ha sido siempre así, generación tras generación. No es extraño entonces que impere en un vasto territorio de nuestra provincia la más completa apatía en lo que se refiere a los problemas sociales y espirituales de nuestra vida nacional de la que sólo conocen el reverso, es decir, la peor parte”. (Olmos Castro 1943:412)

Cuando Olmos Castro escribe estas líneas lleva ya ocho años al frente del Departamento del Trabajo, habiéndose desempeñado como secretario del mismo durante tres años más. Es desde esa experiencia que plantea: “Me ha tocado intervenir en innumerables denuncias que siempre fueron diligenciadas de acuerdo a la ley respectiva, pero que siempre, también, se encontraron detenidas y arrinconadas porque los intereses políticos primaron sobre la justicia y el derecho de los humildes” (Anuario 1943:412). En el mismo año diagnosticaba “existe un desprecio absoluto hacia las leyes obreras por parte de la clase patronal: un desprecio que es producto del medio, del acomodo político, cuya influencia hasta ahora, ha sido superior a las propias leyes y, también, por la falta de elementos con que cuenta la repartición”(Anuario 1943:424). Luego de las inspecciones de los obrajes del Sud Este, insiste: “Es tal la comunidad de intereses que existió entre los gobernantes y los obrajeros que en la actualidad no se puede concebir el uno sin el otro. Desde la explotación de bosques fiscales a precios irrisorios hasta la violación de las más elementales normas de relación entre patrones y obreros, todo está permitido y compensado” (...) “los gobernantes hacen oídos de mercader a las reclamaciones de los obreros, pero a condición de que los patrones les respondan ampliamente en los períodos electorales” (...) “por eso hemos visto a traves de todos los años, que el obrajero estuvo siempre con el gobernante, no importaba el partido al que éste perteneciera” (Anuario 1943:454-455).

En abril de 1944, ya desplazado de la Dirección del Departamento del Trabajo, en un artículo para el diario El censor de Quimilí insiste “El obrajero es la base angular y más sólida de los gobiernos en los actos electorales. Basta ojear los últimos escrutinios para probarlo. Mientras que en las ciudades y villas, donde hay libertad individual y criterio, las opiniones se dividen y los escrutinios arrojan cifras que reflejan las preferencias de los electores, tan pronto como se entra en el departamento Moreno, las urnas arrojan cifras que causarían gracia si no fuesen dolorosas porque reflejan el poco respecto que se tiene por la ciudadanía y por el obrero. La proporción es de cien para el gobierno y uno para el adversario y esto se repite siempre. De modo que los que están en el poder tratan de complacer al obrajero y los que estén en la oposición quieren conquistarlo”(...) “Por doloroso que resulte, en nuestra provincia durante el período electoral no hay que convencer a las masas ni orientar a la opinión pública respecto a temas de los que depende el porvenir; hay que conquistar unos cuantos señores feudales y la elección está ganada” “en recompensa se les permite actuar como señores absolutos en sus dominios”. “El gobierno que no accediera a este sistema de vida perdería la elección indefectiblemente y como la perpetuación en los altos cargos tiene atracciones de sirena, todos cierran los ojos a la violación de la ley” (...) “Es un verdadero convenio entre unos y otros del que la única víctima es el trabajador” (Olmos Castro 1945:247) y finalmente, en agosto de 1944 escribe a Perón una larga carta donde, al hablar del poco “respeto y consideración” que los patrones tienen por sus obreros, a quienes no tratan “como iguales” a pesar de deberles su riqueza, vuelve sobre el tema político, explicando que el obrajero “espera volver a ser el caudillo político y utilizar toda esa masa electoral para volcarla hacia el candidato que más prebendas le ofrezca” (...) “creo que es necesario el régimen democrático, pero la verdad es que en Santiago del Estero, en los obrajes, en la industria agrícola o ganadera no lo hubo nunca, porque los peones votaban como rebaños sin un concepto propio y obedeciendo las órdenes del patrón, y en muchas ocasiones, ni votaron siquiera encargándose de esta tarea el patrón y los capataces”(Olmos Castro 1945:247).

Si recordamos, frente a estos textos, la importancia demográfica de la explotación forestal más arriba señalada, podemos tomar el peso político de aquel “aquí estoy con mi gente” al que se refiere el entonces director del Departamento del Trabajo.

 

El débil campo del Estado.

Las luchas, las alianzas o redes de influencia establecidas entre el espacio económico y el político, en realidad sólo se descubren eficaces cuando las pensamos sobre su terreno de lucha: el Estado. Este último, en la medida que se desarrolla, es un espacio con reglas y dinamismo propio, pero a la vez constituye habitualmente el campo de batalla por el cual  aquellos dos grupos de agentes, de distintas maneras, luchan, intentando apoderarse de los beneficios inherentes al acceso y la influencia sobre las reglas que organizan –en las sociedades modernas- la vida material y simbólica de los ciudadanos[17]. El campo político –del que nos ocuparemos un poco más adelante- y el económico intentan por esto “colonizar” este espacio del Estado, pero de su fortaleza y sobre todo de su autonomía, dependerá en buena medida, la existencia de un margen para la aparición de los intereses comunes de la sociedad.

La debilidad del Estado nacional y provincial durante el modelo oligárquico que predominó hasta 1916, y las dificultades del radicalismo para construir un espacio donde pudieran jugarse los intereses públicos con un mínimo de autonomía respecto de los intereses inmediatos de las elites económicas, es conocido (Rock 1977 y Sidicaro 2002:26-55). Construir este espacio, suponía en ese contexto, construir también un poder político que lo sostuviera desde las mayorías populares. No es casual que los gobernadores radicales hayan sido quienes impulsaron la primera legislación social y al mismo tiempo la construcción de organismos del Estado que la sustentaran y controlaran su cumplimiento. Es el caso de Sabattini en Córdoba (Philp 2003), y también del intento del gobernador Maradona en Santiago. El Departamento Provincial del Trabajo fue creado en Córdoba por el radicalismo, y existió el proyecto correspondiente en Santiago del Estero[18] durante el breve gobierno de Maradona, además de la reglamentación de leyes laborales que habian sido sancionadas varios años antes por el gobierno nacional y estaban desde entonces sin reglamentación en Santiago (pago del salario en moneda nacional, trabajo de mujeres y menores, ley de accidentes de trabajo, etc.) (Alen Lascano 1996:546; Tenti y Salas 1995:20-21). En 1940, durante el gobierno de José I. Cáceres, la legislatura provincial reglamentó el funcionamiento del Departamento Provincial del Trabajo[19] y se organizó el Consejo del Trabajo[20].

Hemos citado reiteradamente a Don Amalio Olmos Castro, no sólo ni especialmente por el calibre de su labor y sus denuncias respecto de las leyes del trabajo, sino sobre todo porque su figura nos da acceso a ese espacio social que suele ser un espacio gris, hecho de rutinas y silencios, de los lugares impersonales de la burocracia, y por tanto, raramente con voz personal. Hasta donde lo hemos podido rastrear en este punto de la investigación, Olmos Castro es lo más parecido a un funcionario de carrera que defiende intereses del Estado como espacio público, que hemos podido encontrar en Santiago por esos años[21].  Su conciencia de la función pública como tarea con sentido propio, más allá y diversa de la carrera política, nos parece paradigmática. El sólo título del libro que en 1945 dedica a sus hijos, nos habla en sus términos de esa claridad: “Una vida al servicio del público”, no se refiere al servicio del “pueblo”, ni de los “ciudadanos”, ni de “los trabajadores”. Se trata de los referentes de un “funcionario público”, orientado a servir a sus conciudadanos, pero no en tanto que agentes políticos, sino en cuanto miembros de una sociedad organizada en torno a intereses comunes, y por eso “públicos”. Olmos Castro cree en los valores del Estado, de la “res pública”, desde un discurso –difícil de encuadrar ideológicamente- atravesado por cierto nacionalismo (tradicionalista en algunos puntos) de corte católico[22]. Expresa su dolor por la situación de abandono de las escuelas, porque en las de los obrajes se pueda aprender tan poco y mal sobre la “argentinidad”; envía información “de oficio” a ministros y gobernadores; expresa la necesidad de contralores efectivos para la función pública; propone nombrar ciertos funcionarios (como los inspectores de trabajo) “por concurso”; tiene un cuidado particular con archivos y documentos; cree a pie juntillas en la necesidad de los saberes técnicos y la utilidad en especial de la estadística para la toma de decisiones del poder político; seguro de la importancia del poder simbólico en la constitución del Estado, pide la construcción de edificios adecuados, no sólo para una mayor eficacia, sino para ”elevar la dignidad de esta nueva institución en la que descansa la armonía social” (Olmos Castro 1945:120)[23]; tiene una idea notable de la importancia de la publicidad de los actos de la función pública, al punto de financiar de su propio bolsillo (Olmos Castro 1945:199-200) la publicación de folletos con normas y reglamentos, datos estadísticos, e incluso los Anuarios del Departamento, con la suma de dictámenes planteados, proyectos de leyes y decretos propuestos, denuncias realizadas a y por el organismo, e informes al Poder Ejecutivo provincial. Veremos que su último pleito con un obraje será a causa de esta convicción del carácter público de la labor del Estado.

Pero Olmos Castro es también consciente de la ambigüedad de posición de la burocracia estatal, tensionada siempre entre los intereses del campo económico y especialmente del político. Si cuando escribe un instructivo para las inspecciones en los obrajes, advierte a los inspectores que “se le presentarán dos caminos: uno fácil y sencillo (...) y el otro, el que en realidad debe seguir, más estrecho y difícil” porque “la dádiva, los ofrecimientos y por último las amenazas, serán para usted el plato de cada día” (Anuario 1943:402-3), a la vez, cuando hace un balance de su propia función publicando “Una vida al servicio del público”, señala en la introducción que para un funcionario público “pensar, opinar y sobre todo escribir acerca de algo que está más allá de la órbita de su oficina”, “no diré que constituye un sacrilegio; pero sí que pone en peligro el empleo y con ello el sustento de sus familiares”, pero está convencido que “entre los funcionarios de la administración pública hay muchos que podrían aportar grandes y nobles ideas a la obra gubernamental de cualquier época. Más aún, considero que son los más indicados para ello, puesto que por sus manos pasan diariamente en forma de expedientes y sumarios todas las inquietudes de la vida nacional, provincial o municipal, son ellos los que antes que todos conocen la razón o la sin razón de las resoluciones de los superiores y los que, mediante su contacto directo con el público, saben de sus necesidades y de sus aspiraciones” (Olmos Castro 1945:3). Esta convicción lo llevará a “salir de la esfera de mis actividades administrativas”, para prestar atención a problemas aparentemente alejados de su tarea de “esperar a que el público acuda a mí para obtener un acta de defunción” o “tomar nota de un accidente o de una disención entre patrones y obreros”, a fin de enviar informes a las autoridades sobre los beneficios potenciales para la provincia de la cría del gusano de seda, o denunciar las consecuencias del cuatrerismo en una región donde venía de inspeccionar una oficina de Registro Civil, o incluso tomar muestras de la tierra para enviar a analizar y comprobar su feracidad, toda esta tarea que “excedía” sus funciones parece obedecer a un deseo de colaborar en la administración desde una ética apasionada por el servicio público.

Si el burócrata en el mejor sentido weberiano es el Estado “hecho persona” (Bourdieu, 1994: 100-133), Olmos Castro nos parece una especie de paradigma, imbuido de las convicciones y el sentido del honor –vinculado en su caso posiblemente al origen de su trayectoria social- como expresión de la recompensa simbólica de la función pública. El conflicto que sostuvo a fines de 1943 con los obrajeros de la Provincia –aunque no hayan sido los únicos conflictos que sostuvo ni con abogados, ni con empresarios del medio- nos parece por eso –y por el peso de los obrajes en el campo económico- señalar en una dirección esclarecedora acerca de las dificultades que por entonces se planteaban al Estado para constituir un espacio de autonomía donde jugaran los intereses comunes de los ciudadanos.

Fuegos cruzados.

La segunda guerra mundial significó para el país el principio de una etapa de impulso de la industria nacional (simbolizado en el Plan Pinedo), desplazando de su centralidad a la SRA (y a los intereses del agro que ella representaba), que hasta el momento había sido la entidad privilegiada como interlocutora de los gobiernos conservadores (de allí la conflictividad del Plan entre las entidades económicas; si los radicales se opusieron fue más bien por un interés de campo: temían que los políticos conservadores sacaran rédito del Plan). Como vimos, en Santiago, su efecto económico se vinculó más bien al reflorecimiento de la explotación de los bosques, ampulosamente llamada “industria forestal”[24]. El conflicto entre los obrajeros de la provincia y el Estado a causa de la aplicación de las leyes laborales, donde –creemos- se desnudan intereses, estrategias y modos de acción muy arraigados en la provincia, que luego se prolongarán en las dificultades de constitución del Partido Laborista, inseparable a su vez de los procesos de cooptación de los sindicatos a nivel local.

Producida la revolución de junio de 1943, el conflicto que nos interesa se va a desarrollar entre tres principales actores: el Estado Provincial y su Departamento del Trabajo; los obrajeros (individualmente y nucleados en la APIF) con sus aliados jurídicos y periodísticos; y los representantes de la Intervención Nacional, que no siempre lograrán independizar los problemas locales respecto del juego de intereses políticos vinculados a la construcción de poder en el ámbito nacional.

Desde 1934, cuando Amalio Olmos Castro propone un Código Provincial del Trabajo, ya plantea la necesidad de un fuero propio “donde las contiendas surgidas del trabajo, encuentren jueces especializados que las resuelvan”. Ya por entonces, sostenía que “bien conocido es por todos que el arcaico sistema procesal que actualmente rige, no surte los efectos de una justicia rápida y barata que vienen exigiendo las leyes del trabajo”. Por eso, sostenía que el Departamento del Trabajo debía realizar “inspección y vigilancia, control y protección”, y en el proyecto que él elaboró se decía que su director “desempeñará el papel de juez de hecho, debiendo iniciar expedientes sumariales por todo asunto que tramite, y dictar en cada uno de estos su resolución correspondiente”. En 1935, en el Anuario del Departamento, expone que aunque hasta entonces la entidad haya desempeñado un rol poco notable, a causa de la “escasa actividad industrial y el desconocimiento del género de vida que llevaban los obreros de los obrajes”, su tarea se hacía imprescindible en la medida del crecimiento industrial y del “halagüeño despertar de la clase obrera, que va instruyéndose en el conocimiento de sus derechos”. Sin embargo, tal como estaban dadas las cosas, la repartición carecía de “fuerza para hacer cesar una infracción cualquiera a las leyes y reglamentaciones del trabajo”, esto la convertía en un “testigo mudo” de las infracciones, volviendo al Departamento “anacrónico, retrógrado y casi nulo”[25]. Este tema de las funciones y la capacidad efectiva de intervención del Departamento, es clave en el conflicto que sigue, puesto que se desarrolla en un momento en que las autoridades del Ejecutivo parecen dar a Olmos Castro de hecho la capacidad de inspección y dictamen que solicitaba, aún cuando no existieran fueros del trabajo, y tuviera que, de todos modos, enviar con su dictamen, los conflictos no resueltos a la justicia ordinaria, donde los obreros seguirían siendo con frecuencia “víctimas de leguleyos” inescrupulosos o simplemente de una dilación indefinida en un conflicto judicial. Sin embargo, la posibilidad de inspeccionar, informar al P.E. y enviar su dictamen al juez, quitaba al menos el carácter de “mudo” al testigo que seguía siendo el Departamento. Por otra parte, lo que ocurrió en 1943 es que ya no sólo se trató de accidentes aislados de trabajo, que afectaran a obreros particulares, sino de inspecciones minuciosas a industrias y obrajes que afectaban intereses de empresas poderosas, quienes movilizaron a la prensa local, poniendo en cuestión precisamente la legalidad de la intervención del Departamento y la condición “no letrada” de su director.

Los indicios que tenemos no hablan de una mala disposición inicial de la Intervención Federal de la revolución de junio respecto de los obrajeros[26]. Sin embargo, por indicación del Ministro de Gobierno de la Intervención Federal, Alfredo Depetris, y ante la existencia de denuncias, Olmos Castro recorre personalmente varios obrajes del departamento Moreno y luego del este de la Provincia. Lo que allí encontró, salvo un caso de una pequeña explotación del sudeste –a la que pone como modelo-, no discrepa demasiado de lo que ya se conocía en términos generales, pero la diferencia está en la precisión y localización de la información. Ya no es una generalización “se dice”, ni “en los obrajes”, sino que ahora hay puntualizaciones, situaciones concretas y diferenciadas, y responsabilidades asignadas. Ya no se trata de novelas o de ensayos sociológicos[27], sino de un informe y un sumario de un ente estatal.

La primera de esta serie de inspecciones[28], que comienza por el Obraje Ottavia de la firma Compagno Hnos termina en una multa de 88.400$ “o, en su defecto, un arresto de 8.840 días a razón de un día por cada diez pesos de multa” (Anuario 1943:393). No nos vamos a detener en la descripción que hace el funcionario de las condiciones de vida de los obreros en cuanto a vivienda, alimentación, vestido, sanidad, etc. –invitamos a leer el crudo y detallado informe-, sólo daremos algunos ejemplos: para prever las erogaciones que suponía la ley de accidentes de trabajo, el obraje descontaba compulsivamente el 2% del salario a los obreros para una supuesta “Sociedad de socorros mutuos”; en las boletas que se entregaban como comprobante de la leña o el carbón producido a destajo, sólo se consignaba “su entrega”, sin aclarar el peso –el pesaje no se hacía frente a los obreros- ni la calidad;  en el obraje no circulaba moneda nacional sino “fichas-moneda” con el nombre de la empresa que eran “adelanto a pago de salarios” (siempre en déficit a causa de precios del 50 al 500% más caros en las proveedurías), y  un hecho curioso: la escuela que para la edición del cincuentenario del diario El Liberal representaba “una avanzada de la patria en el desierto”, “levantada con amor” por quien “por propia iniciativa llevó hasta el corazón del desierto la escuela y el maestro”[29], es descripta por Olmos Castro en 1945 en los siguientes términos: “al fondo de la explotación industrial se ha construido un rancho de barro y palo a pique, en el que se ha instalado una escuela atendida por una maestra que cobra a cada alumno 2,00$ mensuales. El dueño del establecimiento, que es el que hizo la “obra”, descuenta (...) una cantidad variable a cada contratista para resarcirse del gasto que ocasionó esa construcción”. Por otra parte, “en los muchos años que lleva explotando el obraje, no se conoce que haya dado a las dos escuelas nacionales que funcionan en el mismo, una bandera argentina, ni un guardapolvo, ni un cuaderno...” (Anuario 1943:396). Este ejemplo nos pone en la pista del juego de fuerzas que se va a desatar a partir de las denuncias.

Si Olmos Castro ya había tenido enfrentamientos y polémicas con más de un abogado de la ciudad por los accidentes de trabajo[30], y con la Cámara de Defensa Comercial[31], a causa de las exigencias en el cumplimiento de leyes laborales y de las condiciones de salubridad en panaderías y bares, el conflicto que se desatará ahora tendrá una amplitud mucho mayor. 

El 2 de agosto de 1943 está fechada la resolución del Departamento del Trabajo contra Compagno Hnos, y el informe a Depetris; dos días después la empresa es notificada por intermedio del Jefe Político del Departamento, y el 16 de agosto, cumplidos los diez días que fijaba la ley, se notifica al fiscal de Estado que la multa no ha sido depositada. Ese mismo día, el Dr Antonio Castiglione, abogado patrocinante de la firma[32], interpone un recurso de apelación y nulidad, que fundamenta en la violación de códigos de Derecho Civil, Comercial y Penal. El 18, el Departamento emite una nueva resolución desestimando el recurso, por estar fuera de término, por no haber depositado primero el importe de la multa, como fija la ley, y defendiendo desde la jurisprudencia la validez de la vía administrativa que está reglamentada en la Provincia.  Por vía policial, se notifica nuevamente a la firma, a través de su abogado.  El 24 del mismo mes, Olmos Castro responde un pedido de informes del Juez de primera instancia en lo civil y comercial, y el 26 está fechado el decreto del Poder Ejecutivo, firmado por Brito Arigós y Depetris, donde se aprueba todo lo actuado por el Departamento y se pasa a Fiscalía de Estado, a fin de iniciar la acción judicial.

Las inspecciones y los conflictos sólo comenzaban. El 20 de septiembre se aplica una multa de 3280 pesos por infracciones a la firma Nuno Hnos, una de 1200 a Merz Hnos, de 1080 a la firma Alberto Ledesma, de 18.060 a la empresa Weisburg y Cía, y se adjunta del mismo modo el informe correspondiente a Depetris. La variación de las multas se vincula al número y tenor de las leyes infringidas y al número de obreros afectados (siempre cuidadosamente consignado en las resoluciones). Es en el contexto de este informe que aparecen varias de las alusiones a la complicidad entre poder político y económico citadas más arriba en este texto, y donde Olmos Castro alude a la importancia de seguir adelante con la sanción al obraje Compagno, por el carácter de “sanción simbólica” que puede comportar, a fin de instalar definitivamente la idea de que los obrajeros deben cumplir leyes, como los demás empresarios, y que su poder en el territorio en que operan no está por encima del poder del Estado. Antes de concluir el informe, el Director comenta el resumen de una conferencia de los obrajeros durante su ausencia de Santiago para este nuevo grupo de inspecciones, en la que aquellos se abrían considerado difamados y “víctimas de un hipotético lirismo” de Olmos Castro; y concluye, aludiendo al carácter de la Revolución del 4 de junio y a la condición de militar de Depetris, que si bien ellos serán “sensurados y desmenuzados sin piedad por los afectados”(...) “los murmullos de los que hasta la fecha fueron capaces de torcer las leyes en su propio beneficio, no han de detener la acción noble y elevada de las fuerzas armadas que ofrendaron su sangre en aras de la patria, de la justicia y del honor nacional” (Anuario 1943:417-9).

Las denuncias eran realizadas por vía administrativa y/o judicial. Sin embargo, rápidamente el conflicto tomó estado público, ya que el diario El Liberal desde el comienzo tomó partido en sus editoriales. Los obrajeros decidieron incluso dar publicidad a una nota dirigida al Ministro Depetris, fechada el 6 de octubre, poniendo así en la discusión pública el proceso administrativo. Felipe Cerúsico, Secretario de Hacienda de la APIF, hace suyas en esta nota las posiciones que antes había tomado el diario, eludiendo la sustancialidad de la cuestión (las infracciones de las leyes) y apuntando no sólo a la competencia o no del Director del Departamento de Trabajo, sino –indirectamente y a través de Olmos- a las reglas de funcionamiento del Departamento. Se aludía a la complejidad de los asuntos económicos y a la imposibilidad consecuente de que alguien que no fuera abogado pudiera interpretar las leyes que la rigen. Respecto de las infracciones, tan innegable es la gravedad de la situación de los trabajadores en los obrajes, que Cerúcico pretende amparar a las firmas multadas en la generalidad de la transgresión, afirmando que: “Si los industriales mencionados han incurrido en alguna transgresión, las multas podrían ser extensivas a los cuatrocientos industriales que integran la producción forestal en Santiago, así como a todos los ingenios azucareros de Tucumán, Yerbales de Misiones, Constructores de caminos nacionales, etc.”. Lejos está el tono de esta defensa de los términos del estatuto de la APIF, que ante “tanta leyenda y fantasía” sobre la vida de los hacheros, declaraba meses antes que era necesario “desvirtuar el concepto literario que se ha difundido, achacando al obrajero toda suerte de abusos y la más inicua explotación al trabajador de los bosques, demostrando que en ninguna actividad existe tanta solidaridad y falta de problemas entre patrones y obreros como en la industria forestal”[33]. Ahora simplemente se trata de “todos lo hacen, y no se puede de otra manera”. Por otra parte, los obrajeros dicen temer que de una aplicación errada de las leyes se derive su desprestigio y el del mismo Poder Judicial, y la argumentación se dirige así al problema de quién y cómo se aplica la ley: “los fallos, pues fallos son, premiosos e inapelables, dictados por el departamento, le quitan a la justicia una potestad que le es inherente.” En ese sentido, Cerúsico adelanta que “varios abogados se presentarán ante el colegio respectivo planteando el caso”. Y esta es finalmente la vía que propone para resolver el conflicto: “Proponemos que dictamine el colegio de abogados. Finalmente, si aún existiese alguna duda, propondremos al Sr. ministro, si lo considera justo, la designación de una comisión de abogados o pasarle el asunto al Colegio de Abogados con el objeto de dictaminar sobre los cinco sumarios ya incoados y establecer si se han violado o no las normas constitucionales legales y decretos vigentes en los asuntos que han sido materia de investigación.”[34]

A esta declaración, el 9 de noviembre, Depetris va a responder –luego de dar a entender su disgusto por la publicación de la nota en la prensa y de hacer notar la irregularidad del procedimientos de los obrajeros, ya que la nota no aparecía firmada por el presidente ni el secretario de la APIF- que la Asociación está tratando de “impresionar a la opinión pública” con “argumentos artificiosos”, acerca de un tema “perfectamente encuadrado en claros preceptos legales”. Le hace notar que sus argumentos sobre la generalidad de la transgresión no tienen asidero y les recuerda que se les está aplicando el mínimo de la multa prevista por la ley; centra el problema en la existencia o no de las transgresiones y expresa que la Secretaría del Trabajo no ha obstruido la vía judicial, sino que se ha limitado a las funciones administrativas estipuladas por la ley y actuando “con el asesoramiento legal de la Fiscalía de Estado”, no ve imprescindible por esto que el director de la repartición sea un letrado. Finalmente, estima que simplemente debieron pagar las multas estipuladas, sin recurrir a “excepciones injustificadas y dilatorias” (Anuario 1943:495-6).

Diez días antes, el 29 de octubre, la Asociación de Obreros de la Industria Forestal, desde Campo Gallo, en una nota firmada por su presidente, expresaba al interventor su preocupación al leer las notas de la APIF en El Liberal, y luego de confirmar el testimonio del Director del Departamento del Trabajo acerca de la situación de los obrajes, expresan “en cuanto a lo que dicen los obrajeros de que el sr Amalio Olmos Castro no es letrado y en consecuencia no se encuentra en condiciones de interpretar las leyes obreras, es posible que no conozca mucho de esas retóricas de ‘vistos y considerandos’ (...), pero nosotros, que constituimos la gran masa de la población de la provincia (...) comprendemos mejor que nadie que es una verdad absoluta lo que dice[35]”.  El 4 de noviembre el interventor Brito Arigos responde la carta expresando la confianza y el reconocimiento de la intervención por el trabajo de D. Amalio Olmos Castro.

El conflicto se complejiza, en la medida que se multiplican las decisiones de no pagar de otros obrajeros y las demandas judiciales. El 5 de noviembre Enrique Eberlé, apoderado de la firma Industrias Forestales, S.A., intenta eludir la responsabilidad patronal de la empresa sobre un accidente de trabajo, descargándola en el contratista. El Departamento del Trabajo elabora una extensa fundamentación jurídica para rechazar el recurso. (Anuario 1943-414). También Enrique Eberlé, esta vez en representación de Merz Hnos, el 10 de setiembre rechaza las multas impuestas a esa firma y el 21 de octubre Olmos Castro responde, aludiendo en uno de sus párrafos: “En cuanto a eso de ‘un artículo perdido de una ley nacional’ debo manifestar al recurrente que las leyes no han estado nunca perdidas, como así tampoco su articulado, y que si en su larga actuación profesional y política[36] pudo hacer que la ley N 11278 se ‘perdiese’ por algún tiempo, el imperio de ella es inmanente mientras los poderes constituidos no la deroguen” (Anuario 1943-416).

Todo hace pensar que tanto Brito Arigos como Depetris estaban dispuestos a sostener las consecuencias de las inspecciones iniciadas. Sin embargo, el panorama nacional estaba en pleno movimiento. En ese mes de noviembre, se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión a nivel nacional, lugar desde el que Perón construirá su candidatura, y ocurre un cambio en el Ministerio del Interior que hace que buena parte de los interventores provinciales sean substituidos. En nuestro caso, Brito Arigos renunciará y será reemplazado el 5 de diciembre por Pascual Semberois, quien anuncia desde Buenos Aires un nuevo gabinete. El nuevo ministro de gobierno provincial, Dr Carlos B. Risso recibirá rápidamente un pedido de Enrique Compagno de suspender la publicación de la Memoria de la Delegación Regional de Trabajo y Previsión (nuevo nombre de la entidad) ya que en la misma se incluye, entre otros, el informe que Olmos Castro elevara a Depetris sobre su obraje. El aún por entonces director del Departamento, explica al nuevo ministro que no se trata de una calumnia, sino de un sumario oficial, que la publicación no es un folleto sino un documento de la Administración Pública y finalmente que, “si tanto daño les hace la difusión de sus maniobras, debemos admitir que la mejor manera de ser puro y sin mancha es el serlo”(Olmos Castro 1945:239). A continuación “cumple en informar” que el anuario ya está impreso y que ha suspendido la distribución hasta tanto el ministro resuelva lo más conveniente y concluye curiosamente su carta con un “Dios guarde al señor ministro”, a diferencia del habitual saludo de cortesía.

Si ya en 1943 Olmos Castro mismo había sugerido la autonomización del Departamento de Estadísticas y Registro Civil respecto del de Trabajo, a causa de la diversidad y complejidad de asuntos a tratar en cada repartición, no deja de ser llamativo que sea en ese mismo mes de enero de 1944 que se efectiviza la división y sobre todo que se desplaza a Olmos Castro al Departamento de Estadísticas, poniendo a un abogado con ambiciones políticas, el Dr Tulio Martilotti, a cargo del área de trabajo, para ser el referente de Juan Domingo Perón, en una estrategia de cooptación general (que terminará con la disolución) de los Departamentos del Trabajo provinciales (Philp 2003).

El diario El Liberal celebrará inmediatamente el cambio en su editorial[37]. Funcionario de Estado, Olmos Castro se concentrará en su tarea en el área de Estadísticas y Registro Civil, sin dejar de deslizar su queja velada en una carta que escribe a Perón el 29 de agosto del 44, donde describe extensamente los problemas de la provincia, y luego de explicar las causas de la ineficacia de muchas medidas en torno al trabajo, particularmente en los obrajes, le pide que  desarrolle una estrategia integral que “haga que la revolución del 4 de junio llegue a esta provincia”.

Efectivamente, en marzo de 1944, el juicio contra Compagno había terminado a favor de los obrajeros, ya que el 7 de ese mes, la Corte Suprema de la Nación, revoca el fallo de la justicia santiagueña contra la empresa, fallo que había sido dictado por el Dr José María Vieyra (Robles Avalos 1993:69). Luego de este hecho, la justicia local fallará a favor de Weisburg en otra causa de la Dirección Gral de Rentas por falta de pago de impuestos y violación de normas de trabajo. El Departamento del Trabajo, tenga el nombre que tenga, vuelve a ser un testigo mudo, incapaz de hacer cumplir la ley, frente a una justicia ineficaz, más atada a formalidades que a la intención de los legisladores, ligada a los poderes económicos e inalcanzable para los pobres. Vía preferida por los que tienen poder económico y social, el Poder Judicial será con preferencia en Santiago –como en muchas otras provincias-, el lugar de las dilaciones, del uso de redes de “contactos” sociales o económicos, de desviación de las cuestiones sustanciales, de la argumentación formalista y críptica, para cerrar, como en este caso, la posibilidad de que el Estado pueda constituirse en representante del interés general y particularmente de las reivindicaciones sociales.

 

Conclusiones

El conflicto narrado nos parece particularmente relevante porque nos permite ver, en una situación de crisis, cuáles eran las estrategias, las prácticas, los discursos, con que luchaban los actores económicos y sociales para impedir que se erigiera un Estado relativamente autónomo respecto del poder económico, que podía continuar así centralizado y desplegando sus complicidades con las figuras dominantes del campo político en una verdadera división del trabajo de dominación. Desde comienzos de la década del 40 ya no era posible oponerse a las leyes del trabajo, por eso las estrategias en la Provincia se dirigieron primero a impedir la reglamentación, y luego a argumentar sobre quién y cómo se deberían aplicar y castigar las contravenciones: el campo de luchas se sitúa claramente sobre el punto de las reglamentaciones, la “letra chica”, allí donde la habilidad retórica del abogado o la venalidad del juez encuentra el fundamento para torcer la causa de la justicia, donde se juega la posibilidad o no de hacer efectiva la ley por parte del aparato estatal. No nos interesa en este caso dirimir la corrección jurídica formal de los procesos particulares, sino ponderar el significado de la oposición de la lógica de los “vistos y considerandos” utilizada como instrumento de poder, frente a un esfuerzo del Estado Provincial por hacer cumplir las leyes en beneficio del interés general, de una transformación de la estructura social en la Provincia. Si esta estrategia resultó efectiva en la lucha de los poderes económicos por imponer sus intereses anulando el accionar de los funcionarios del Estado, es porque encontró cómo asociarse a los juegos del campo político para alcanzar una efectiva repartición de tareas y beneficios que eludiera la necesidad –e instalara la imposibilidad- de proponer e implementar políticas de Estado de largo plazo en orden al desarrollo económico y social de la Provincia.

En los años siguientes, por razones diversas, los obrajes irán disminuyendo en importancia económica, sin aparecer ningún otro factor de peso similar en la vida de la provincia, que consolidará su empobrecimiento y la pérdida de importancia relativa en el contexto nacional que ya se venía insinuando desde por lo menos la década del 30. En cambio, la fuente de ingresos que seguirá creciendo exponencialmente en el presupuesto de la provincia será la coparticipación de impuestos federales, acentuándose así cada vez más su dependencia política del poder central. Por otra parte, los obrajes –aunque poco productivos- seguirán siendo por algunos años captadores de “votos cautivos”, hasta desplazarse su importancia hacia los núcleos de las complejas redes de relaciones de intercambio e influencia que en mucho casos parecen estar inicialmente ocupadas por comerciantes de la campaña que habían acumulado su capital durante el apogeo obrajero[38]. Consecuentemente, en los años que siguen, la legitimación del peronismo se construirá en la provincia en torno a cuatro políticas: las obras públicas con recursos nacionales, el reparto de cargos públicos y de empleos en el Estado, la cooptación de los dirigentes sindicales –fundamentalmente del empleo estatal- y la acción de la Fundación Eva Perón. Estas políticas aparecen acompañadas por un discurso localista, asentado sobre la resolución de necesidades básicas e inmediatas, negador de toda proyección de plazo amplio, en suma, orientado a la administración de una pobreza “irremediable”. El discurso de las libertades individuales y de la corrección de los procedimientos institucionales que le oponen los grupos de mentalidad liberal sigue sin tener, a este respecto, asidero real en la vida cotidiana de las mayorías, especialmente de las zonas rurales y las marginales urbanas en crecimiento. El caso expuesto nos parece por esto un momento “ejemplar” en este proceso de “colonización” e “instrumentación” del Estado como “campo burocrático” por parte del poder económico y político local, que ha configurado largamente el sistema político en Santiago del Estero.

 

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